El máximo tribunal del Chaco ratificó que la provincia no debe transferir fondos ni aportes por cargos irregulares, dejando firmes las resoluciones del Ministerio de Educación tras las auditorías que detectaron personal sin título ni contraprestación de servicios.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco dictó un fallo clave que exime a la provincia de pagar una millonaria suma en concepto de aportes y transferencias a la Fundación Valdocco. La resolución judicial ratifica de forma definitiva las medidas tomadas por el Ministerio de Educación de la provincia, que habían suspendido los desembolsos tras detectar severas irregularidades en el alta y la liquidación de haberes de personal que no cumplía con las normativas vigentes. Con esta decisión, el máximo tribunal respaldó la legalidad de las auditorías oficiales y frenó el reclamo económico de la entidad.
El conflicto central se originó a partir de las inspecciones exhaustivas que el Ministerio de Educación provincial llevó a cabo sobre los listados de personal presentados por la fundación. Dichas auditorías expusieron la existencia de numerosos “docentes truchos”; es decir, personas designadas para percibir haberes públicos que carecían del correspondiente título habilitante para ejercer la docencia, o bien, agentes que directamente no realizaban ninguna contraprestación de servicios ni cumplían tareas en los establecimientos de la organización, sino que vivían a miles de kilómetros. Ante la flagrante falta de documentación y de justificación de los cargos, el Estado chaqueño resolvió bloquear preventivamente el desvío de fondos.
La Fundación Valdocco había recurrido a la vía judicial con el objetivo de revertir la suspensión y obligar a la provincia a mantener el financiamiento estatal para su estructura de personal. Sin embargo, los magistrados del Superior Tribunal de Justicia evaluaron los antecedentes y los informes técnicos aportados por la cartera educativa, concluyendo que la provincia actuó bajo las facultades de control que le competen. El fallo remarca que el Estado no puede ser obligado a financiar de manera irregular cargos que violan el estatuto docente y los mecanismos de transparencia pública.
Con esta ratificación del STJ, el gobierno provincial sienta un fuerte precedente en el control y la fiscalización de los subsidios destinados a instituciones de gestión privada u organizaciones no gubernamentales. La sentencia no sólo convalida el accionar administrativo del Ministerio de Educación frente al caso específico de Valdocco, sino que también blinda las arcas públicas chaqueñas ante reclamos financieros derivados de designaciones de personal que no pasen los filtros de la legalidad educativa.