La Justicia Federal prorrogó hasta el 1 de septiembre la investigación y la prisión preventiva de los policías imputados por el presunto intento de robo de nueve kilos de cocaína en Colonia Benítez. La defensa de Gustavo Quizama confirmó que la Fiscalía pretende ampliar la pesquisa hacia otros integrantes de la fuerza y adelantó que apelará la resolución.
La Justicia Federal resolvió extender hasta el próximo 1 de septiembre la prisión preventiva y el plazo de investigación en la causa que investiga el presunto intento de robo de unos nueve kilos de cocaína durante un operativo de destrucción de estupefacientes en Colonia Benítez. La decisión alcanza, entre otros imputados, al cabo Gustavo Andrés Quizama, cuya defensa adelantó que apelará la resolución.
El abogado Miguel Barceló, representante legal de Quizama, explicó que durante la audiencia la Fiscalía solicitó una nueva prórroga de la investigación con el objetivo de avanzar sobre nuevas medidas probatorias y analizar la posible participación de otros funcionarios policiales.
Según indicó, el pedido fiscal contemplaba extender los plazos hasta el 1 de octubre, aunque finalmente el Juzgado Federal fijó como nueva fecha límite el 1 de septiembre.
Barceló sostuvo que la prisión preventiva se mantuvo por la existencia de un supuesto peligro procesal. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, la Fiscalía argumentó que, por tratarse de funcionarios policiales, los imputados podrían entorpecer la investigación y que aún restan producir pruebas relevantes, entre ellas la extracción y análisis del contenido de dos teléfonos celulares.
El defensor agregó que esos dispositivos serán abiertos en Formosa y que también están previstas nuevas declaraciones testimoniales que podrían vincular a otros integrantes de la fuerza con la causa.
Respecto de la situación personal de su defendido, señaló que Quizama “no está bien de ánimo”, aunque comprende el avance del proceso judicial. También atribuyó la demora en el cierre de la investigación a la incorporación de nuevas medidas probatorias y a la posible imputación de más personas.
Además, Barceló cuestionó la extensión de la pesquisa al considerar que la Fiscalía continúa explorando una línea orientada a determinar la eventual responsabilidad de funcionarios policiales de mayor jerarquía. En ese marco, confirmó que la defensa realizará las reservas legales correspondientes y presentará una apelación contra la resolución.
La causa
La investigación se inició en diciembre de 2025, cuando la jueza federal Zunilda Niremperger dictó la prisión preventiva de siete policías acusados de intentar sustraer alrededor de nueve kilos de cocaína durante un operativo de quema de estupefacientes en Colonia Benítez.
Los imputados enfrentan cargos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada, debido al número de partícipes y a su condición de funcionarios encargados de combatir ese tipo de delitos, además de peculado, ambos en concurso real.
En aquella resolución, la magistrada también autorizó pericias sobre los dispositivos electrónicos de los acusados y levantó el secreto fiscal, bancario y financiero para profundizar la investigación.
Los siete policías permanecen detenidos. Cinco de ellos están alojados en dependencias de la Prefectura Naval Argentina en Barranqueras, mientras que el subcomisario Andrés Franco Ramírez y el cabo Gustavo Andrés Quizama fueron trasladados a escuadrones de la Gendarmería Nacional en Formosa, con el objetivo de preservar el aislamiento entre los imputados y evitar interferencias en la investigación.