El gobierno estadounidense esquivó el freno de la Corte Suprema e impuso gravámenes de entre el 10% y el 12,5% bajo el argumento de combatir el trabajo forzado. Para el mercado local rigen excepciones en carne vacuna, aceites y más de 1.600 posiciones arancelarias.
En una nueva vuelta de tuerca a su política proteccionista, la administración de Donald Trump anunció la imposición de un nuevo paquete de aranceles que alcanzará a 60 socios comerciales. La medida contempla gravámenes de entre el 10% y el 12,5%, diseñados según la Casa Blanca para frenar la importación de bienes producidos mediante trabajo forzado.
El anuncio estuvo a cargo del representante comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Jamieson Greer, a pocas horas de que expiraran los aranceles temporales del 10% fijados bajo la Sección 122 tras alcanzar el límite legal de 150 días.
El nuevo esquema abarca a países que concentran el 99,4% del comercio exterior de la potencia norteamericana.
El capítulo local: alivio relativo y piso mínimo para la Argentina
Dentro del tablero global trazado por Washington, la Argentina logró posicionarse en el escalón más bajo de la alícuota, fijado en un 10%. La distinción responde al acuerdo recíproco de comercio e inversiones que el canciller Pablo Quirno firmó en febrero pasado con Greer, donde el país asumió compromisos explícitos para erradicar el trabajo forzado de sus cadenas de producción.
Si bien en los despachos oficiales esperaban la letra chica de la resolución para precisar la operatividad de los controles, el diagnóstico preliminar arroja señales de tranquilidad para los exportadores locales:
- La cuota cárnica, intacta: La exportación de carne vacuna argentina hacia el mercado estadounidense mantendrá su cupo de 100.000 toneladas anuales (las 20.000 históricas más las 80.000 incorporadas este año) totalmente exentas de la nueva tasa del 10%.
- Consolidación de posiciones a tasa cero: Se mantienen sin arancel los 1.675 productos argentinos a los que Estados Unidos ya les había eliminado los tributos en el entendimiento de febrero.
- Excepciones adicionales: Se suman 93 posiciones arancelarias exceptuadas del nuevo esquema, abarcando sectores dinámicos como aceites, animales vivos, madera, corcho y flores.
Fuentes al tanto de las negociaciones destacaron que el país conservó el tratamiento de “línea de base” (10%), quedando resguardado en el mismo estatus preferencial obtenido tras la firma del tratado bilateral de comienzos de año.
El mapa de los nuevos gravámenes
La Casa Blanca dividió la nómina de países según la solidez de sus marcos normativos contra la explotación laboral:
| Categoría de País | Alícuota Aplicada | Socios Comerciales Alcanzados |
|---|---|---|
| Con normativa antibloqueo | 10% (Piso base) | Argentina, Canadá, México, Reino Unido, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, entre otros. |
| Estatus intermedio / mixto | 10% a 12,5% | Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza. |
| Sin legislación adecuada | 12,5% (Techo) | Brasil, entre otras economías sin marcos regulatorios homologados. |
La jugada legal para esquivar el fallo de la Corte
El movimiento de la gestión republicana representa el rearmado de su arquitectura arancelaria tras el revés sufrido el pasado 20 de febrero, cuando la Corte Suprema norteamericana invalidó la mayor parte de las alícuotas globales impulsadas por el mandatario. Para eludir el bloqueo judicial, la Casa Blanca apeló en esta ocasión a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Según detalló Greer ante el Comité de Finanzas del Senado, la Casa Blanca considera que la falta de controles estrictos sobre el trabajo forzado en el comercio global configura una “emergencia nacional” que distorsiona la competencia y perjudica los salarios de los trabajadores estadounidenses.
Para evitar desabastecimientos o espirales inflacionarias internas, el USTR dispuso salvaguardas especiales: los insumos sujetos a aranceles por seguridad nacional (como el acero, el aluminio y el sector automotriz) no sufrirán cambios, al tiempo que se mantendrán liberados ciertos productos agrícolas, fertilizantes y bienes energéticos que no puedan producirse a precios razonables dentro del territorio estadounidense.