El acuerdo firmado con Santa Fe por la Ruta A012 se convirtió en el primer antecedente de un esquema que la Casa Rosada busca replicar con otras provincias, entre ellas Chaco, donde las rutas 11 y 16 ya integran el proceso de privatización de corredores viales

El Gobierno nacional avanza en un esquema de transferencia y privatización de rutas nacionales que utiliza como moneda de cambio en la negociación con los gobernadores por la eliminación de las PASO, en momentos en que Chaco y Corrientes figuran entre las provincias con mayor mortalidad vial del país. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, firmó el miércoles 22 de julio en Casa Rosada el primer convenio de este tipo con Santa Fe, que asumió por 20 años la administración de la Ruta Nacional A012, y ya prepara acuerdos similares con otros distritos.
El convenio con Santa Fe —rubricado junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo— transfirió a esa provincia el mantenimiento, la rehabilitación y las futuras obras sobre los 67 kilómetros de la A012, un corredor que conecta el cordón industrial de Rosario con los puertos del Gran Rosario. La Nación conserva el dominio público y la jurisdicción federal, mientras que la provincia se hace cargo de la ejecución con fondos propios, por unos 5.000 millones de pesos. Las obras de bacheo comenzaron al día siguiente y tendrán un plazo inicial de siete meses.
El esquema no es aislado. En paralelo, el Ministerio de Economía abrió las ofertas de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que contempla la privatización de unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en corredores como Cuyo, Litoral, Noreste y Chaco-Santa Fe. Entre los tramos incluidos figuran las rutas nacionales 11 y 16 en territorio chaqueño, consideradas estratégicas para el transporte de cargas y la conexión con los puertos de la región. El gobernador Leandro Zdero había gestionado previamente convenios con Vialidad Nacional para intervenir tramos de esas mismas rutas y de la 95, en un esquema en el que la provincia aporta materiales y el organismo nacional ejecuta las reparaciones.
En Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés viene sosteniendo un diálogo directo con Santilli que combina reclamos de obra pública —como la reactivación de la Autovía Ruta 12, con más del 75% de avance— con el respaldo político a la reforma electoral. Valdés ya había calificado a las PASO como un trámite innecesario en encuentros previos con el Ministerio del Interior. Un informe técnico que circula entre las provincias, citado por medios nacionales, señala además que la Ruta Nacional 121 correntina presenta una falla estructural que ya no admitiría un simple bacheo.
El trasfondo de estas negociaciones es la necesidad del oficialismo de sumar apoyos legislativos para avanzar con la reforma electoral, cuyo eje central es la eliminación o suspensión de las PASO de cara a 2027. Santilli sostuvo en declaraciones públicas que el proyecto podría aprobarse en el tercer trimestre del año, con expectativas de tratamiento en el Senado hacia septiembre, aunque en el propio Gobierno reconocen que todavía no reúnen los votos necesarios y que la negociación distrito por distrito será determinante.
El estado de la red vial nacional agrega una dimensión adicional al debate. Según el último informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2025 se registraron 4.060 víctimas fatales en 3.255 siniestros viales en todo el país, con una tasa de 8,8 fallecidos cada 100.000 habitantes. Chaco ocupó el cuarto lugar entre las provincias con mayor mortalidad, con una tasa de 13,8, mientras que Corrientes se ubicó en el quinto puesto, con 12,9, ambas muy por encima de la media nacional.
