En el oficialismo aseguran que la medida tuvo alta adhesión en Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego “a pedido de los gobernadores”
El primer paro docente realizado tras la entrada en vigencia de la reforma laboral que declaró a la educación básica como servicio esencial mostró un comportamiento dispar según las provincias. Mientras el Gobierno registró un alto nivel de acatamiento en distritos gobernados por la oposición, especialmente en la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego, en otras jurisdicciones la actividad fue prácticamente normal.
La jornada quedó atravesada, además, por un conflicto entre la Nación y la administración bonaerense por los controles que intentó realizar la Secretaría de Trabajo para verificar el cumplimiento de los servicios mínimos previstos por la ley, que fijó un piso del 75% en la asistencia de los maestros a las aulas.
Según pudo saber de altas fuentes oficiales, el Ejecutivo desplegó durante toda la jornada un relevamiento sobre una muestra de escuelas distribuidas por regiones y provincias. El operativo incluyó la verificación de establecimientos abiertos y cerrados, el nivel de asistencia docente cuando fue posible obtener esa información y una serie de observaciones sobre lo ocurrido en cada institución. “Hacen un paro contra el Gobierno, cuando los que pagan los salarios son las provincias. Apuntan a Nación, cuando los que deciden cuánto se paga corresponde a cada gobernador”, explicó la misma fuente
Los primeros resultados muestran diferencias marcadas entre jurisdicciones. En la Casa Rosada sostienen que el mayor nivel de adhesión se registró en la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego. En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires el impacto de la medida fue muy reducido y la mayoría de las escuelas relevadas permanecieron abiertas. También en Chaco el acatamiento fue sensiblemente menor.
Durante el relevamiento, los equipos nacionales encontraron situaciones muy diferentes según cada establecimiento. En algunas escuelas pudieron acceder normalmente y recibir información sobre la cantidad de docentes presentes y ausentes. En otras, en cambio, encontraron establecimientos cerrados, se les impidió el ingreso o las autoridades escolares se negaron a suministrar datos sobre el funcionamiento de la institución. Todas esas situaciones quedaron registradas en actas elaboradas durante la recorrida.
La principal controversia se produjo en la provincia de Buenos Aires. Mientras se desarrollaba el paro, la Dirección General de Cultura y Educación distribuyó una comunicación interna dirigida a inspectores regionales, distritales y equipos directivos para fijar un criterio de actuación frente a eventuales requerimientos de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Allí informó que el Ministerio de Trabajo bonaerense había realizado una presentación formal para que el organismo nacional se abstuviera de solicitar información sobre el cumplimiento de los pisos mínimos de prestación previstos en la Ley 27.802 o de realizar inspecciones en establecimientos educativos provinciales.
En ese mismo documento, las autoridades bonaerenses sostuvieron que la Secretaría de Trabajo nacional carece de competencia para fiscalizar el empleo público provincial y ordenaron a inspectores y equipos directivos no suministrar información a funcionarios nacionales, limitándose a señalar la supuesta falta de jurisdicción del organismo para realizar esos controles.
En la Casa Rosada interpretan que ese planteo explica, al menos en parte, las dificultades que encontraron los equipos de relevamiento para acceder a información en algunos establecimientos. El Gobierno terminará de procesar los datos recolectados durante toda la jornada y en los próximos días difundirá un informe con el detalle del nivel de acatamiento por provincias y las observaciones realizadas en cada distrito.