oberto Alejandro Herlein aclaró que, si bien cuestiona el Decreto 2656, defenderá la legalidad del resto de los concursos de antecedentes y oposición.
A pocas horas de que se conociera la decisión del Juzgado Civil y Comercial Nº 17, que frenó pases a planta decretados por el Ejecutivo provincial tras hacer lugar a dos medidas cautelares, el fiscal de Estado, Roberto Alejandro Herlein, presentó a última hora de este miércoles una acción de inconstitucionalidad ante la Justicia contra el Decreto 2656/23 del pasado 28 de septiembre.
Dicho instrumento, firmado por la vicegobernadora Analía Rach Quiroga y ocho ministros, determina un Concurso de Antecedentes para el Personal Transitorio y Contratos de Locación de Servicios por el cual las designaciones se efectivizarán en dos etapas: la primera el 1° de noviembre del año 2023 y la segunda el 1° de mayo de 2024.
Herlein, haciendo uso de sus facultades, notificó al Ejecutivo provincial que promovió la inconstitucionalidad exclusivamente del decreto mencionado y que por lo tanto deberán designar a un funcionario que defienda ese instrumento. En la acción presentada ante el Superior Tribunal de Justicia, el Fiscal de Estado mencionó la legislación actual que rige respecto al ingreso de personal a la planta del Estado y que, entre otras, establece que los concursos deben ser de antecedentes y de oposición.
Es decir, el decreto 2656 no cumpliría con el espíritu de la legislación actual al no convocar también a un concurso de oposición, donde los aspirantes ponen a pruebas sus competencias.
“Entiendo que esto se trata de cuestiones sumamente delicadas y sensibles porque refiere a muchas personas que están vinculadas de forma precaria con el Estado hace mucho tiempo”, remarcó ante Diario Chaco Herlein. Insistió además en que solo el decreto 2656 es el que cuestiona, no así el resto de decretos sobre los que él ejercerá la defensa. De hecho, apelará la otra medida cautelar a la que dio lugar el juez Civil y Comercial Nº 17 de Resistencia, Orlando Beiranavicius, ya que en los otros instrumentos se convoca a concursos de antecedente y oposición.
“Quiero transmitir la tranquilidad a dichas personas de que voy a defender los otros Decretos cuestionados en el entendimiento de que los mismos son válidos y están en consonancia con los criterios esbozados por el STJ en distintos fallos donde insta a la provincia a regularizar la situación de aquellas personas que están con vínculos precarios con el Estado a través de los concursos de oposición y antecedentes”, agregó.
CUESTIONAMIENTOS Y MEDIDA CAUTELAR
La decisión del Ejecutivo no pasó inadvertida por diputados de la UCR que reclamaron la inconstitucionalidad de este y otros cuatro decretos al considerar que se estaba comprometiendo a la gestión futura con instrumentos que “vulneran la posibilidad de participación de cualquier habitante de participar en el concurso y con ello normativa constitucional y convencional” y que representan un “incumplimiento” del procedimiento legal para el ingreso por concurso abierto de oposición y antecedentes.
El decreto 2656 fue cuestionado también por un trabajador que logró una medida cautelar, a la espera de que se resuelva la cuestión de fondo, tras plantear que con la decisión del Gobierno se veía “frustrado” de manera “ilegal, inconstitucional e inconvencional” su derecho a aspirar a una vacante en la administración pública.
Al ordenarse la conversión de los cargos de planta temporaria a la estructura de la planta permanente sin establecerse un límite o mínima antigüedad, con el requerimiento de prestar servicio bajo modalidad de “personal transitorio, contrato de locación de servicios”, el litigante consideró que se produjo “una violación de lo normado por la Ley de Ingreso a la Administración Pública a través de Concursos Abiertos de Oposición y Antecedentes, vulnerándose la posibilidad de participación de cualquier ciudadano”.
Cabe destacar que el artículo número uno del decreto circunscribe la convocatoria a un concurso de antecedente, es decir a la presentación de documentación que acredite la designación como personal transitorio y eventualmente copia del título de mayor nivel educativo alcanzado, no así a un corcuso de oposición, donde el aspirante debe afrontar una serie de pruebas para calificar aptitud.
Si bien resta el proceso para resolver el amparo promovido, el juez Orlando Beinaravicius hizo lugar en los últimos días a la medida cautelar solicitada al considerar que de ejecutarse el decreto se afectaría el derecho del denunciante a acceder a un lugar en la administración pública y a “recibir un trato igualitario por parte de la Administración”.
El magistrado además consideró que “si no se suspende en forma inmediata los efectos de los decretos cuestionados podría adquirir firmeza el acto administrativo atacado y comenzará a producir sus efectos en favor de los agentes que sean designados -en principio- irregularmente”.