El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros del Chaco, Agustín Rolando Bordón, fue condenado a dos años y seis meses de prisión condicional por el delito de turbación de la posesión, con costas, en el marco de los bloqueos a la empresa Morante Construcciones.
El conflicto entre el Sindicato de Camioneros y la empresa chaqueña, Morante Construcciones, comenzó en los primeros días del mes de abril, del año 2022. El 1° de abril Matías Morante, dueño de la empresa constructora, comenzó a recibir amenazas por parte de algunos sindicalistas del gremio de Camioneros y estas se hicieron efectivas tres días después, con el bloqueo de las sucursales de la constructora en Resistencia y en la localidad de San Martín.
“Esto empezó el 4 de abril con un bloqueo que duró 15 días. El sindicato de Camioneros del Chaco quiere que pasemos los empleados de nuestra nómina de Comercio a Camioneros. Eso es algo ilegal que no lo podemos hacer porque aparte somos una empresa comercial, no somos una empresa de transporte. Nos dedicamos a vender materiales de construcción”, había detallado Morante en aquel entonces a Diario TAG, sobre el conflicto con los sindicalistas.
El bloqueo afectó a la casa matriz, ubicada en la localidad de San Martín, y la sucursal de Resistencia, inaugurada el 22 de marzo de 2022, solo semanas antes del estallido del conflicto.
El empresario decidió cerrar su local de Resistencia el 8 de mayo del año pasado y días después fue recibido por el gobernador Jorge Capitanich, que se comprometió a mediar y a resolver la cuestión. Solicitó incluso la intervención mediadora de la CGT.
Ante ese compromiso oficial, el 13 de mayo Morante reabrió el negocio, pero el hostigamiento siguió. El 16, un cliente fue amenazado, y el 19 de mayo, los dos negocios fueron bloqueados.
La situación pasó a mayores cuando Morante denunció que más allá de los ataques y bloqueos a su negocio, atacaron con piedras y cohetes su vivienda familiar.
Dada esta situación, y con el incesante conflicto que le impedía continuar con su negocio, Morante pidió el accionar de la Justicia. En ese contexto, el procurador general de la provincia, Jorge Canteros, recibió de manos de un abogado patrocinante, la demanda de Morante, luego de que una primera denuncia fuera rápidamente archivada.
En concreto, el empresario denunció al Sindicato de Camioneros por el bloqueo a dos de sus locales comerciales, por supuestas amenazas, extorsiones e intimidaciones varias.
Ambas denuncias fueron unificadas y se dispuso custodiar los locales afectados para garantizar la libre circulación de clientes y proveedores.
Luego de más de un año del violento conflicto entre el sindicato y la constructora, la Justicia condenó finalmente a uno de los involucrados.