Cabe destacar que durante enero, la feria judicial solo atiende cuestiones urgentes con aval expreso.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo decidió abrir la feria judicial para abordar, durante el receso de enero, la solicitud de la Confederación General del Trabajo (CGT) de revocar las reformas al régimen laboral introducidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70, emitido por el presidente Javier Milei con el objetivo de desregularizar la economía, el cual entró en vigor la semana pasada.
La CGT presentó un amparo buscando la declaración de inconstitucionalidad del DNU, solicitando la habilitación de la feria judicial para su tratamiento. Durante enero, la feria judicial solo atiende cuestiones urgentes con aval expreso.
En su presentación, la Confederación General del Trabajo expresó: “Se solicita la habilitación de la feria judicial para el trámite del amparo en virtud de su importancia institucional“.
Con el DNU en vigencia, los abogados de la entidad sindical argumentaron: “Es evidente, entonces, la necesidad de privar de efectos temporales a un decreto cuya invalidez posee una intensa verosimilitud del derecho como ya se ha sostenido y que expresa, en el presente, toda su potencialidad para acarrear los perjuicios detallados“.
La Cámara del Trabajo aceptó el pedido y decidió abrir la feria judicial para analizar la solicitud de suspensión de los efectos del DNU. Los camaristas María Dora González y Alejandro Sudera explicaron que “frente a las particularidades del caso, lo traído a consideración amerita la apertura de la habilitación de la feria judicial solicitada, lo que así se resuelve“, previa consulta a la Fiscalía General.
La CGT, que ha manifestado su oposición al DNU con una marcha al Palacio de Tribunales y ha anunciado un paro general de 12 horas para el 24 de enero, busca la declaración de inconstitucionalidad de las reformas laborales implementadas por el decreto.
A pesar de un primer fallo del juez laboral José Ignacio Ramonet rechazando una medida precautelar, el Gobierno presentó una solicitud al fuero contencioso administrativo federal para intervenir en el amparo de la CGT, generando una serie de apelaciones y revisiones pendientes.