Mañana habrá una reunión de los 10 mandatarios agrupados en el OFEPHI. En una movida inédita, habrá una foto con dirigentes del PRO, la UCR y el peronismo. Reclaman eliminar 30 artículos del proyecto que regulan la industria de los hidrocarburos. El rechazo a la privatización de YPF.
Con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, es la primera vez en la historia política argentina que el peronismo y la Unión Cívica Radical (UCR) son oposición al mismo tiempo. Ese marco dejará esta semana una foto de alto volumen político. Un grupo de gobernadores y dirigentes de provincias petroleras se reunirán para coordinar una estrategia de presión al Gobierno con el objetivo de exigir modificaciones a la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. La iniciativa fue impulsada por los mandatarios patagónicos que el 5 de enero se reunieron en el sur y rubricaron la “Declaración de Villa La Angostura”.
El cónclave tendrá lugar mañana en horas del mediodía en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el barrio de Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el encuentro participarán representantes de las provincias agrupadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). Se trata de un espacio conformado en 1984 que está integrado por Neuquén, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, La Pampa, Salta, Jujuy, Mendoza y Formosa. Son distritos que realizan explotación, exploración y exportación de gas y petróleo
Están confirmadas para mañana en el CFI las presencias de los mandatarios provinciales Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz). En tanto que no se descarta que Salta, Mendoza y Formosa puedan enviar en representación de cada provincia a funcionarios especializados en el área energética.
De hecho, los ministros y secretarios de energía de esos 10 estados subnacionales están en contacto y mantienen reuniones periódicas para unificar criterios. En paralelo, los gobernadores coordinan una estrategia política de presión al Poder Ejecutivo. La mayoría ha mantenido contacto con Guillermo Francos, ministro del Interior de la Nación, y le transmitieron sus diferencias con varios puntos del corpus normativo que tiene 660 artículos que buscan reformar el Estado y avanzar en desregulaciones masivas.
La postura de los gobernadores, en la que coinciden el PRO, peronistas y radicales, es que no convalidarán ningún punto de la Ley Ómnibus que afecte intereses provinciales, de las economías regionales y de recursos estratégicos relevantes para cada territorio.
Los gobernadores tienen ascendencia sobre una porción de legisladores nacionales que resultará clave para destrabar la aprobación del articulado cuyo corazón pergeñaron Federico Sturzenegger y Luis Caputo, ministro de Hacienda de la Nación. Harán valer ese peso, porque conocen que Milei no puede poner emitir dictamen en el plenario de comisiones ni lograr el quórum en el recinto de ninguna de las Cámaras: el oficialismo tiene 38 diputados y 8 senadores.
“Están tocando los bolsillos de todos”, le dijo a este medio uno de los gobernadores que asistirá mañana a la reunión en el CFI. Otro de los mandatarios, alineado en la Liga de Juntos por el Cambio, expresó que “no es cuestión de afinidad política, es cuestión de intereses”.
El objetivo de la cumbre de mañana será analizar el Capítulo 9 sección 1, del proyecto de Ley Ómnibus, referido a energía. Los gobernadores exigen que se eliminen o modifiquen 30 artículos. Algunos conceden al Ejecutivo ser autoridad de aplicación de la legislación hidrocarburífera, un punto objetado por inconstitucional. “Es una discusión ya saldada con la sanción de la Reforma de la Constitución Nacional”, expresaron los jefes provinciales en el documento suscripto en Villa La Angostura.