Ni la amenaza permanente que supone un país en guerra y alerta continua por posibles atentados terroristas, aún dentro de zonas consideradas seguras. Ni el consejo de quienes, por lo bajo, le recomiendan no extender su firme apoyo retórico a una presencia concreta que podría traer consecuencias no deseadas.
Nada parece torcer la decisión del presidente Javier Milei, que prevé aterrizar el próximo 6 de febrero en el aeropuerto David Ben Gurión, a media hora del centro de Tel Aviv, para cumplir con su promesa de campaña de visitar Israel, hoy embarcado en su plan de represalia contra Hamás en la franja de Gaza, luego del artero ataque terrorista de ese grupo proislámico hacia poblados del sur de Israel, el 7 de octubre pasado.
Sería una apuesta de alto impacto político, en una gira que incluiría el demorado encuentro con el papa Francisco en la Santa Sede.
En principio, fuentes con conocimiento del plan en Buenos Aires y Tel Aviv confirmaron que el viaje del presidente, acompañado si todo se confirma por una comitiva reducida de la que participará la canciller Diana Mondino, se extendería entre el 6 y el 9 de febrero, sin actividades confirmadas, pero con un paso seguro por Tel Aviv y Jerusalén, donde Milei prometió en campaña mudar la sede de la embajada argentina.
El encuentro protocolar con el presidente Isaac Herzog, y sobre todo, una reunión con foto incluida con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, embarcado en la “destrucción total y completa” de Hamás en la Franja de Gaza, y con conflictos armados también abiertos en Cisjordania y el Líbano, donde opera la organización terrorista Hezbollah, responsable según la Justicia argentina de los atentados a la embajada de Israel, en marzo de 1992, y la AMIA, en julio de 1994.
El viaje a Israel se enmarca dentro de la gira que Milei prevé realizar por Italia -se verá con la primer ministra Giorgia Meloni el 11 de febrero, según confirmó el portavoz presidencial Manuel Adorni y el Vaticano, donde se llevaría a cabo el encuentro con el papa Francisco, aún sin confirmación ni respuesta oficial al pedido de audiencia hecho por el gobierno.