Desde Casa Rosada proyectan que el equilibrio fiscal se lograría bajando lo que comúnmente se conoce como “transferencias discrecionales”. La provincia es una de las más dependiente de esos envíos.
La compleja situación económica que atraviesa Argentina se torna aún más desafiante en el ámbito provincial, con el Chaco emergiendo como uno de los protagonistas de un tenso escenario marcado por la disputa por recursos y la necesidad de ajuste fiscal. La provincia, es una de las ocho más expuestas al ajuste que propone el Gobierno. En medio de la discusión por la Ley Ómnibus, se evidencia la discrepancia de objetivos entre gobernadores y el presidente. Mientras los primeros, al igual que Javier Milei, buscan una atenuación de la inflación, la urgencia difiere, ya que algunos ven en ella un incremento en los ingresos brutos provinciales. Para el Presidente, cualquier escalada de precios se traduce en un costo político que desencadena un tironeo crucial por los recursos fiscales y la discusión sobre quién deberá realizar el ajuste.
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Parte de ese ajuste se lograría, según dicen desde Casa Rosada, bajando lo que comúnmente se conoce como “transferencias discrecionales”, que son los envíos que van a las provincias por fuera de la coparticipación, para gastos o inversiones.
Un análisis exhaustivo liderado por Marcelo Capello, economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea, identifica a ocho provincias -La Rioja, Río Negro, Tierra del Fuego, Salta, Catamarca, Tucumán, Chaco y Corrientes- como las más afectadas en esta puja por los recursos, considerando diversos factores como recursos disponibles, endeudamiento, gasto corriente, dependencia del gobierno central y exportaciones.
La retirada de la parte fiscal del paquete legislativo por parte de la Casa Rosada, reservándose la facultad de alcanzar el equilibrio fiscal mediante ajustes, ya comenzó a impactar. Buenos Aires, en enero, recibió transferencias discrecionales un 99.9% menores en comparación con el año anterior, siendo esta la antesala de medidas que podrían replicarse en otras provincias.
El ranking de vulnerabilidades muestra sorpresas, como la posición de Santa Fe, con un alto porcentaje de exportaciones y gasto corriente elevado, generando tensiones expresadas por el gobernador Pullaro. La implementación de la ley de responsabilidad fiscal en 2016 había otorgado superávit fiscal primario a la mayoría de las provincias hasta 2022, pero la situación cambió drásticamente en 2023 con la inflación descontrolada y reclamos salariales.
La discusión sobre el impuesto a las ganancias se vuelve crucial, ya que podría modificar el ranking de vulnerabilidad. Las provincias, en su preparación para enfrentar posibles ajustes, enfrentan un dilema complejo, considerando que gran parte de sus gastos se destinan a salarios, especialmente en sectores clave como educación, salud y seguridad.
En este contexto, la opción de ajustar en la esfera política (la “casta”) se plantea como una posibilidad, aunque se reconoce que estos gastos representan una fracción mínima y cualquier medida en este sentido sería más simbólica que efectiva. Ante la falta de acuerdo con el Gobierno, las provincias podrían enfrentarse a la difícil elección entre subir impuestos o endeudarse, impactando en inversiones y empleo privado.
La incertidumbre económica se cierne sobre Chaco y otras provincias argentinas, desafiándolas a encontrar soluciones equitativas en medio de una crisis económica persistente.