Carlos Amad confirmó que parte de los estupefacientes fueron encontrados en la vivienda del efectivo detenido y que los investigadores detectaron vínculos con los demás sospechosos. También explicó la situación de una docente embarazada y la captura de Cristian Sánchez. Todavía buscan a otro integrante del grupo.
23 de Octubre, 2026

La investigación contra una presunta organización dedicada al narcotráfico en Villa Ángela, vinculada al denominado clan «Cucumelo Sánchez», comenzó con tareas de inteligencia y vigilancia sobre personas sospechadas de comercializar drogas. Sin embargo, durante los más de siete meses de seguimiento, los investigadores encontraron un elemento que profundizó la pesquisa: uno de los presuntos integrantes del grupo era un efectivo de la Policía del Chaco.
Así lo confirmó el fiscal federal Carlos Amad, quien brindó detalles de la causa después de los siete allanamientos realizados este jueves 22 de octubre. Los procedimientos dejaron inicialmente cinco detenidos, entre ellos el policía y una mujer embarazada, además del secuestro de casi 15 kilos de marihuana, más de 720 gramos de cocaína, armas, dinero y elementos presuntamente utilizados para la comercialización de estupefacientes.
El funcionario judicial también confirmó que uno de los dos hombres que permanecían prófugos, Cristian Javier Sánchez, de 36 años, fue capturado durante la noche del jueves, por lo que ahora resta localizar a otro sospechoso, también de apellido Sánchez, sobre quien pesa una orden de captura nacional e internacional.
Cómo apareció un policía en la investigación
Amad explicó que el expediente comenzó de la misma manera que otras investigaciones por narcotráfico: a partir de información sobre posibles vendedores de drogas, seguida de tareas de vigilancia, inteligencia y seguimiento de sus movimientos.
En ese proceso apareció la sospecha de que un integrante de la fuerza de seguridad provincial podría estar relacionado con el grupo investigado. «En la investigación se detectó que podría haber una persona que era perteneciente a la fuerza de seguridad provincial que integraba este grupo. Ahí se pone más agudo», relató el fiscal.

A partir de esa información, los investigadores profundizaron las medidas para establecer las relaciones entre los sospechosos, identificar los domicilios presuntamente utilizados y reunir elementos que justificaran los allanamientos.
Según Amad, los procedimientos permitieron confirmar indicios sobre la vinculación del efectivo con las otras personas investigadas. «Pudimos confirmar también que esta persona que tiene que ver con la Policía, que es empleado policial, está involucrada en la maniobra. Tiene una relación bastante interesante con las otras personas», sostuvo.
Sin embargo, el fiscal evitó precisar cuál habría sido el papel concreto del uniformado dentro de la estructura. Consultado sobre si facilitaba información, liberaba zonas o participaba directamente en la comercialización de drogas, explicó que todavía debe recibir y analizar documentación antes de la audiencia de formalización de la investigación.
El hallazgo de droga en la vivienda del efectivo
Uno de los puntos que confirmó Amad es que parte de los estupefacientes secuestrados fueron encontrados en la casa del policía detenido, aunque aclaró que el resto estaba distribuido en otros domicilios allanados. Los procedimientos incluyeron una vivienda del barrio Túpac Amaru, donde fue detenido el agente y también se incautaron una pistola calibre 9 milímetros, cargadores, municiones y un uniforme de campaña.
El fiscal destacó la magnitud del secuestro de drogas en relación con la población de Villa Ángela.»Se encontró mucha droga. Hay que tener en cuenta la cantidad de población que tiene la ciudad. Para mí es mucha droga para lo que es Villa Ángela», señaló.

De acuerdo con el balance de los procedimientos, se incautaron cerca de 15 kilos de marihuana y más de 720 gramos de cocaína. Los investigadores también hallaron balanzas de precisión, dinero, teléfonos celulares y otros elementos que serán examinados.
Para Amad, la forma en que estaban acondicionadas las sustancias y los objetos encontrados constituye un indicio relevante sobre la actividad que se investiga.»Estaban distribuidos, estaban hechos en pelotitas, había balanza. Se vislumbra hasta ahora, por lo que tenemos acá, que es una organización dedicada al narcotráfico, es decir, a la venta de estupefacientes», explicó.
Qué delitos analiza imputar el fiscal y por qué podrían agravarse las penas
Otro aspecto central de la investigación es la calificación penal que la Fiscalía expondrá durante la audiencia de formalización. Amad anticipó que, de manera preliminar, se trabaja sobre los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercio de estupefacientes, bajo una hipótesis de concurso ideal.
Además, indicó que se analizan agravantes vinculados con la cantidad de personas que habrían intervenido en la organización y con la participación de un integrante de la Policía. La Ley Nacional 23.737 contempla agravantes para los hechos de narcotráfico cuando intervienen tres o más personas organizadas y también en determinados casos en los que participa un funcionario público encargado de prevenir o perseguir estos delitos.
De todos modos, el fiscal aclaró que todavía se trata de una calificación provisoria, que deberá ser planteada en la audiencia correspondiente y podrá modificarse conforme avance el expediente.
La docente embarazada que quedó detenida en su casa
Entre las personas alcanzadas por los allanamientos aparece una mujer que, según le informó su abogada al fiscal, trabaja como docente y se encuentra embarazada.
Amad explicó que, cuando los agentes le comunicaron la situación durante el procedimiento, dispuso verificar el embarazo y posteriormente ordenó que la sospechosa permaneciera detenida en su domicilio. «Inmediatamente yo dispuse que la señora se quede detenida en domicilio», señaló.
También relató que la abogada defensora se comunicó con él para consultar por qué su representada no podía abandonar la vivienda. El fiscal le explicó que la mujer se encontraba formalmente detenida, aunque bajo la modalidad domiciliaria debido a su embarazo.

La decisión no implica que haya sido desvinculada de la causa ni que haya recuperado su libertad. Continúa sometida a la investigación federal y deberá responder por los hechos que eventualmente le atribuya el Ministerio Público Fiscal.
Cristian Sánchez intentó escapar y ahora queda un prófugo
Mientras avanzaban las actuaciones judiciales, durante la noche del jueves se produjo otra novedad: la detención de Cristian Javier Sánchez, de 36 años, uno de los dos hombres que eran buscados con órdenes de captura nacional e internacional.
Según el informe policial, los agentes lograron establecer que Sánchez podría encontrarse oculto en un inmueble de Villa Ángela. Alrededor de las 22.30, desplegaron un procedimiento en inmediaciones de calle La Pampa al 850.
Cuando el sospechoso advirtió la presencia policial, intentó correr para ingresar a una vivienda, pero fue alcanzado y reducido por los efectivos. La detención se produjo en el marco de la causa federal COIRON N.º 63377/2026, por presunta infracción a la Ley 23.737.
Amad confirmó que, con esa captura, solamente permanece prófugo otro hombre de apellido Sánchez. «Cristian Sánchez fue aprehendido en horas de la noche. Queda solamente un prófugo», precisó.

El representante del Ministerio Público Fiscal indicó que la orden de captura nacional e internacional continúa vigente para el sospechoso restante, cuya localización es uno de los objetivos de la investigación.
¿Puede haber más policías involucrados?
La investigación todavía no está cerrada y una de las preguntas pendientes es si el efectivo detenido fue el único integrante de la fuerza provincial que mantuvo vínculos con el grupo sospechado de comercializar drogas.
Consultado sobre la posibilidad de que aparezcan otros uniformados, Amad fue categórico respecto del alcance de las medidas que todavía pueden realizarse. «Yo no descarto nada hasta que no cierro la investigación», respondió.
El fiscal aclaró que el expediente continúa abierto precisamente para determinar si existen otras personas relacionadas con las maniobras bajo investigación.
Mientras tanto, el policía detenido permanece a disposición de la Justicia Federal. En paralelo, el Órgano de Control Institucional de la Policía del Chaco inició un sumario administrativo y dispuso su suspensión de funciones con retención de haberes.
La causa es dirigida por la Fiscalía Federal Descentralizada de Presidencia Roque Sáenz Peña, con intervención de la jueza federal Zunilda Niremperger. La próxima instancia será la formalización de la investigación, en la que deberán exponerse los hechos atribuidos a cada sospechoso y las evidencias reunidas para sostener las acusaciones.
