La iniciativa obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra, en una sesión que se extendió hasta la madrugada de este viernes. El texto incorporó modificaciones para reunir los consensos necesarios y mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y el carácter excepcional de las internaciones.
El Senado de la Nación aprobó y giró a la Cámara de Diputados la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, en la madrugada de este viernes. El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo obtuvo 42 votos afirmativos y 21 negativos, en una votación que contó con el respaldo del oficialismo y sus aliados, mientras que el kirchnerismo votó en contra.
La iniciativa llegó al recinto con modificaciones respecto del texto original enviado por el Gobierno nacional. Los cambios fueron incorporados durante las negociaciones entre los bloques, incluso hasta minutos antes del inicio del debate, con el objetivo de conseguir los apoyos necesarios para avanzar con su aprobación.
Uno de los puntos centrales que se modificó fue la posibilidad de habilitar la creación de nuevos manicomios. Finalmente, el proyecto aprobado mantiene la prohibición establecida por la ley de 2010 y ratifica que la internación debe ser una medida terapéutica excepcional, cuando represente mayores beneficios que los tratamientos ambulatorios.
Durante el debate, el senador peronista disidente Guillermo Andrada, de Catamarca, reconoció la voluntad de diálogo del oficialismo, aunque planteó reparos sobre las herramientas disponibles para aplicar los cambios. «No alcanza con cambiar el criterio clínico de la internación de un paciente y con aplicar controles judiciales o de internación sino tenemos las herramientas necesarias para controlarlos», advirtió.
En esa línea, sostuvo: «No vamos a cercenar garantías y no vamos a cejar para que el paradigma comunitario esté presente». También reclamó garantías de financiamiento por parte del Estado nacional para que las provincias puedan implementar las disposiciones. Según señaló, una de las causas del fracaso de la ley vigente fue la falta de presupuesto.
El senador misionero Carlos Arce también planteó la necesidad de contar con recursos nacionales y destacó «la enorme importancia de una evaluación clínica integral», uno de los aspectos incorporados al texto durante las conversaciones entre los bloques.
Al cierre de la discusión, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió la reforma y cuestionó el funcionamiento del régimen actual. Para fundamentar su postura, recordó el caso del policía de la Ciudad Juan Pablo Roldán, asesinado por Rodrigo Roza, una persona con esquizofrenia que había interrumpido su tratamiento farmacológico. «Intervenir a tiempo cuida a la sociedad y cuida también a las personas con problemas mentales», expresó Bullrich durante su intervención. Y agregó: «Esto salva vidas».
Qué establece la reforma
El proyecto plantea actualizar el marco regulatorio de la salud mental e incorporar pautas para la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la inclusión comunitaria en todo el país. Define a la salud mental como un proceso atravesado por factores históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, y mantiene la presunción de capacidad de todas las personas.
Además, prohíbe que los diagnósticos se fundamenten en criterios discriminatorios, como la situación socioeconómica, la pertenencia cultural, la identidad sexual o las demandas familiares. También aclara que contar con un diagnóstico no implica, por sí solo, presumir la existencia de un riesgo ni restringir la capacidad de una persona.
En cuanto a los equipos de atención, establece que deberán estar integrados por profesionales de distintas disciplinas, entre ellos médicos psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y terapistas ocupacionales. En las jurisdicciones donde no sea posible garantizar la presencia física de un psiquiatra, se habilita su intervención mediante teleconsultas sincrónicas.
Respecto de las internaciones, el texto dispone que solo podrán realizarse cuando sean necesarias y ofrezcan mayores beneficios que las alternativas ambulatorias. También establece que desde el inicio del diagnóstico deberá elaborarse un plan de egreso y fija en 180 días el plazo a partir del cual una internación será considerada prolongada, lo que dará lugar a la intervención de oficio del Órgano de Revisión.
Para las internaciones involuntarias, se exige acreditar un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros. La evaluación deberá ser interdisciplinaria y contar con la firma de dos profesionales.
Estas medidas tendrán que comunicarse al juez competente y al Órgano de Revisión en un plazo máximo de 24 horas. El magistrado contará con tres días para convalidar la internación, solicitar peritajes adicionales o disponer la externación.
En materia de infraestructura, la reforma establece que las internaciones deberán realizarse en hospitales generales o centros especializados en psiquiatría y salud mental. A su vez, mantiene expresamente la prohibición de crear nuevos manicomios y de desarrollar prácticas manicomiales.
El texto también reconoce el derecho de las personas a establecer directivas anticipadas sobre futuros tratamientos y contempla el acompañamiento y la psicoeducación para familiares. Asimismo, fija pautas específicas para la atención de niños, niñas y adolescentes, tanto en salud mental como en situaciones de consumos problemáticos, con dispositivos diferenciados de los destinados a adultos y garantías para respetar su autonomía progresiva y su derecho a ser escuchados.
Por último, incorpora un esquema de financiamiento federal a través del cual el Estado nacional brindará asistencia técnica y económica a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante convenios bilaterales. Los recursos estarán orientados, entre otros objetivos, al fortalecimiento de los equipos de atención, el desarrollo de la telemedicina y los dispositivos comunitarios.
Con la aprobación del Senado, la iniciativa deberá ser tratada ahora por la Cámara de Diputados para continuar su recorrido legislativo.