Los trabajadores se desempeñaban en la administración pública y en algunos casos deberán devolver lo cobrado sin haber trabajado.
Mediante decreto firmado por el gobernador Leandro Zdero y el Ministro de Salud, Sergio Rodríguez, se confirmó la cesantía de M.I.M., agente del Hospital Perrando, tras un sumario administrativo que concluyó con la comprobación de abandono de servicios desde el 9 de febrero de 2021.El sumario fue iniciado debido a las reiteradas ausencias injustificadas del trabajador, quien, pese a haber presentado documentos firmados por varios profesionales de la salud, incluyendo neumólogos del hospital, no logró justificar sus prolongadas ausencias, ya que su cuadro clínico no se encuadraba en las normativas vigentes.
La investigación interna determinó que el hombre no justificó su ausencia desde el 9 de febrero de 2021, luego de haber usufructuado una licencia excepcional por Covid-19, la cual inició en abril de 2020 y culminó el 8 de febrero del mismo año. Desde entonces, no se presentó a trabajar ni aportó documentación válida ante el organismo competente, lo que motivó la retención preventiva de sus haberes, según reconstruye el decreto del Ejecutivo.
El agente fue notificado en varias oportunidades a través de la plataforma “Tu Gobierno Digital” para que prestara declaración, pero se abstuvo de hacerlo, lo que provocó el decaimiento de su derecho de defensa. Las pruebas reunidas durante el sumario confirmaron las faltas disciplinarias graves y, tras un análisis exhaustivo de las pruebas, la Asesoría General de Gobierno recomendó su cesantía, señalando que las inasistencias reiteradas sin justificación afectan gravemente el funcionamiento de la administración pública.
Con la decisión final, el Ministerio de Salud Pública derivará el caso a la Dirección de Recursos Humanos para calcular los haberes indebidamente percibidos por el empleado y gestionar su devolución.
Otra de las cesantías fue la de M.N.C., agente del Hospital Pediátrico Avelino Castelán, por reiteradas ausencias injustificadas en su puesto de trabajo y percepción indebida de haberes.
El trabajador, quien fue transferido al Hospital Pediátrico el 2 de diciembre de 2021, no se presentó a sus funciones hasta el 8 de marzo de 2022, y desde esa fecha hasta la actualidad registró una única asistencia. Pese a intentos de notificación por parte de las autoridades del hospital, el agente no respondió, lo que motivó la apertura de un sumario administrativo.
El Ministerio de Salud determinó que el hombre no percibe salario desde enero de 2022, debido a la retención de haberes por su falta de presentismo. Sin embargo, se comprobó que en diciembre de 2021 recibió haberes sin haber cumplido con sus obligaciones laborales, lo que genera una deuda a ser recuperada por la Fiscalía de Estado.
El sumario administrativo concluyó que el trabajador incumplió con los deberes establecidos en la Ley 292-A del Estatuto del Personal de la Administración Pública Provincial, sin presentar pruebas ni alegatos en su defensa. Las pruebas colectadas durante la investigación respaldaron los cargos de inasistencia y percepción indebida de haberes.
También se resolvió echar a la agente D.J.M., quien se desempeñaba en el Hospital de Fontana “Luis Fleitas”, tras haber incurrido en reiterados ausentismos y abandono de servicio. Según lo establecido por la Disposición N° 6/23 de la Dirección del hospital, la mujer fue sometida a un Sumario Administrativo en virtud de la transgresión del Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial, relacionado con la asistencia y el cumplimiento de funciones.
Las investigaciones determinaron que la trabajadora se ausentó sin justificación de su puesto desde el 1 de mayo de 2022 hasta el 17 de enero de 2023, periodo durante el cual no prestó servicio en el hospital. Posteriormente, fue transferida al Centro de Salud “Río Arazá”, lugar donde trabaja en la actualidad.
Dado el prolongado ausentismo, se procedió a la retención de haberes a través del Nuevo Banco del Chaco desde septiembre de 2022, medida que se mantuvo hasta que se notificó su reincorporación en enero de 2023.
La Asesoría General de Gobierno, a través del Dictamen N° 629/24, validó el procedimiento sumarial y concluyó que D.J.M. incurrió en abandono de servicio. La medida sancionatoria propuesta fue la cesantía de la agente, respetando el debido proceso legal y el derecho a defensa.
No solo fue echada, también el Ejecutivo provincial dispuso el recupero de los haberes percibidos indebidamente durante los meses de mayo a agosto de 2022.