En la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia, comenzó este miércoles el juicio oral y público en el que la exintendenta de Resistencia, Aída Ayala, y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo, llegaron como principales imputados por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos.
La acusación apunta a ambos como jefes de una asociación ilícita que benefició con millonarias licitaciones a empresas conformadas por personas allegadas, fundamentalmente la empresa PIMP SA (para la recolección de residuos), y que luego introdujeron esos fondos al circuito legal a través de la compra de inmuebles, vehículos, embarcaciones, pago de servicios y capitalización de empresas.
Con la mayoría de los acusados en la sede del TOF y otros, como Sampayo, conectados en forma virtual, a las 9:52 el presidente del tribunal de juicio, Juan Manuel Iglesias, dio por abierta la audiencia que comenzó con la lectura de la acusación.
Luego de pasar a un cuarto intermedio, a partir de un planteo de uno de los abogados defensores las partes acordaron obviar la lectura integral de la acusación por lo que el secretario del TOF procedió a leer la imputación concreta para cada uno de los acusados.
Posteriormente, cada uno de los imputados se sentó en el banquillo de los acusados para identificarse y manifestar si ampliarían su declaración indagatoria durante las audiencias. Solo seis de los diecisiete adelantaron que declararán durante el transcurso del juicio, entre ellos la propia exintendenta Aída Ayala, Alejandro Fischer, Carlos Huidobro, Patricia Vázquez, Rolando Acuña y Pedro Martínez.
ORDEN DE DECLARACIONES
Luego, el abogado Jorge Alcántara, defensor de Alejandro Fischer, propuso que el orden de declaraciones de los testigos siga el mismo de la acusación. Es decir, que comience con los agentes de la Policía Federal que intervinieron en el origen de la investigación, seguir con los testigos vinculados a las licitaciones municipales y, por último, aquellos que declararían sobre los supuestos vínculos económicos entre los imputados.
Ante ese planteo, la fiscal general Indiana Garzón, que forma parte del equipo de fiscales que lidera el fiscal general, Federico Carniel, aseguró que “el orden de los testigos los define la fiscalía porque son los hechos que tiene que probar de acuerdo a su teoría del caso”. No obstante, se comprometió a presentar durante esta semana una lista con el orden de los testigos propuestos.
La respuesta del juez Iglesias fue que en la jurisdicción federal del Chaco se trabaja con el “Código Procesal mixto” y advirtió que puedan existir “ciertas limitaciones” al no estar en vigencia plena el nuevo Código Procesal Penal de la Nación. En ese contexto, el presidente del TOF de Resistencia definió el criterio que por cada hecho la Fiscalía propondrá a sus testigos y la defensa a los que correspondan en cada caso.
El TOF se completa con el juez Enrique Bosch y la jueza Marta Berros (del TOF de Paraná) en forma virtual. Por la parte acusadora, en esta primera audiencia estuvo presente el secretario auxiliar de la Fiscalía Federal, Horacio Rodríguez, y en forma virtual el fiscal federal del Chaco, Federico Carniel y de Santiago del Estero, Indiana Garzón. En las próximas audiencias se sumará también el fiscal federal general de Córdoba, Carlos Gonella.