La iniciativa tiene como objetivo ordenar el marco normativo vigente. El grupo Jóvenes por el Clima advierte los riesgos de cambiar la ley.
El Gobierno nacional anunció este lunes que envió al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Protección de Glaciares, en el marco del período de sesiones extraordinarias, que se extiende hasta el 30 de diciembre. La iniciativa busca “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental”. A través de un comunicado, el Ejecutivo sostuvo que la “mal llamada Ley de Glaciares presentó graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”.
Desde el Gobierno nacional aseguran que la reforma constituye “un paso decisivo para poner a la Argentina de pie, con reglas claras, federalismo real, desarrollo productivo y crecimiento económico”. El documento oficial define la iniciativa como “una verdadera reforma del federalismo ambiental”, en cumplimiento de los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo. En esa línea, señala que la propuesta se enmarca en el rumbo trazado por Javier Milei desde el inicio de su gestión: “Terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas de la Argentina”.
Que propone la reforma de Milei
La reforma propone reglas que, según el oficialismo, buscarán proteger los glaciares que cumplen la función hídrica, fortalezcan los estándares vigentes y eliminen la discrecionalidad que “bajo pretextos ideológicos, obstaculiza el desarrollo económico del país”.
El proyecto reafirma el mandato constitucional del artículo 41, que exige proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y del artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales.
En esta línea, el proyecto intentará fortalecer el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconocer su capacidad técnica y científica, y promover una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares.
La actual Ley de Glaciares preserva los glaciares y el ambiente periglacial como bienes públicos estratégicos para el agua, prohibiendo actividades como la minería y la exploración de hidrocarburos en estas áreas, y creando un Inventario Nacional de Glaciares.
Advertencia sobre los riesgos en el cambio de ley
La organización Jóvenes por el Clima advierte sobre los riesgos de modificar la ley y señala que la iniciativa pone en peligro el acceso al agua potable de 7 millones de argentinos, implica una pérdida de la regulación hídrica de cuencas enteras y genera una desprotección sistémica de reservas estratégicas. En un mensaje en sus redes sociales, el grupo ambientalista explica que la Argentina tiene 16.968 glaciares que ocupan 8.484 kilómetros cuadrados. Estas masas de hielo alimentan 36 cuencas hídricas que proveen agua al 18% de la población, representando la segunda reserva de agua dulce más grande de América Latina.
De tal forma, sostuvieron: “No estamos contra el desarrollo minero. Estamos en contra de poner en riesgo el agua potable de millones de argentinos para satisfacer la demanda de cobre del gobierno de Donald Trump”.
“No podemos entregar de esta forma lo que es nuestro. No podemos poner en riesgo el abastecimiento de agua de millones de argentinos. El agua argentina no está en venta. No es negociable. No se toca”, definieron.