La iniciativa fue incluida en el temario de las sesiones extraordinarias y reabre un debate sensible en el Congreso.
El Gobierno nacional decidió volver a poner en agenda la Ley Penal Juvenil y habilitó su tratamiento durante las sesiones extraordinarias del Congreso, con un eje central: reducir la edad de imputabilidad penal, que el Ejecutivo propone fijar en 13 años.
La inclusión del proyecto fue oficializada mediante el Decreto 53/2026, que amplió el temario legislativo que comenzará a debatirse a partir del 2 de febrero. La iniciativa busca reemplazar el actual régimen de minoridad por un nuevo sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
La discusión volvió a cobrar fuerza en las últimas semanas tras el asesinato de Jeremías Monzón, el joven de 15 años que fue brutalmente atacado en Santa Fe por otros menores. El caso tuvo un fuerte impacto en la opinión pública y reavivó el debate político sobre la respuesta penal frente a delitos graves cometidos por adolescentes.
Desde la Casa Rosada admiten que el punto más sensible del proyecto es la edad mínima de imputabilidad. Mientras que el Gobierno impulsa llevarla a los 13 años, en el Congreso existe un consenso previo, alcanzado en comisiones durante 2024, que fija el piso en los 14. Pese a ello, el oficialismo dejó abierta la posibilidad de negociar para lograr los apoyos necesarios.
El Ejecutivo busca unificar los distintos proyectos presentados por los bloques parlamentarios y acelerar su tratamiento durante el receso legislativo. El antecedente inmediato es el dictamen obtenido en Diputados en mayo de 2025, elaborado por el Ministerio de Justicia, que ya había avanzado en una reforma integral del régimen penal juvenil.
Las sesiones extraordinarias se extenderán hasta el 27 de febrero, aunque fuentes oficiales no descartan que el debate continúe durante el período ordinario, debido a la complejidad política y social del tema.
La Ley Penal Juvenil se suma así a una agenda legislativa cargada, en la que el Gobierno también pretende avanzar con la reforma laboral y otros proyectos considerados prioritarios por el presidente Javier Milei.