El juez correccional Carlos de Césare dio lugar a una cautelar impulsada por el Municipio y libró un oficio al Banco Central para localizar y retener activos. La causa investiga operatorias financieras presuntamente realizadas sin autorización del Ejecutivo local.
La Justicia dio un paso en el conflicto por los fondos municipales de Presidencia Roque Sáenz Peña y trabó un embargo preventivo por $1.890.691.105,07 contra la Bolsa de Comercio del Chaco. La medida cautelar fue dictada en el marco de una acción de amparo promovida por la comuna y lleva la firma del juez correccional Carlos de Césare.
La resolución hace lugar a la cautelar solicitada por la Municipalidad y considera que, en esta etapa inicial del proceso, existen indicios suficientes ,”prima facie”, de operatorias financieras que no habrían contado con instrucción ni autorización específica del Ejecutivo, y que se apartarían del perfil de inversión conservador fijado para la administración de excedentes transitorios de liquidez.
Oficio al Banco Central y retención de cuentas
Como parte de la decisión, el magistrado ordenó librar oficio al Banco Central de la República Argentina para que notifique la medida a todas las entidades financieras del país. En caso de detectarse cuentas a nombre de la Bolsa, deberán retenerse los fondos hasta cubrir el monto fijado, con posterior transferencia a una cuenta judicial.
El juez subrayó que el dinero en discusión integra las arcas municipales y que, por su naturaleza pública, existe urgencia en asegurar su eventual restitución mientras se analiza el fondo de la controversia.
El trasfondo penal y la discusión sobre las inversiones
El expediente se inscribe en un escenario más amplio que comenzó semanas atrás, cuando el intendente Bruno Cipolini anunció la promoción de acciones penales por presuntas maniobras con colocaciones financieras que, según afirmó, no fueron consentidas por el Municipio.
De acuerdo con la postura oficial, la comuna estaba habilitada para realizar inversiones de carácter conservador, como instrumentos de bajo riesgo destinados a preservar el valor de los fondos frente a la inflación. La controversia surgió al detectarse papeles y activos que no se corresponderían con ese perfil.
En paralelo a la vía penal —donde se invocan figuras como estafa y administración fraudulenta—, el Municipio activó la acción de amparo que ahora derivó en el embargo preventivo. La estrategia apunta a resguardar el patrimonio público mientras se determina la existencia o no de responsabilidades.
La cautelar no implica un pronunciamiento definitivo sobre la cuestión de fondo, pero sí marca un hito procesal: asegura bienes suficientes para responder ante una eventual sentencia favorable al Municipio. La causa continuará su trámite en sede judicial con la producción de prueba y el traslado correspondiente a la parte demandada. En función de lo que surja del expediente, no se descartan nuevas medidas vinculadas a la operatoria financiera investigada.