El Ejecutivo provincial dispuso un aporte extraordinario para cancelar deudas laborales, previsionales y comerciales de la empresa. La medida pone fin a un proceso de transferencia iniciado en 2010 tras confirmarse que la firma ya no cumple con su objeto social.
El Gobierno del Chaco firmó el decreto que marca el cierre final de la empresa Servicios Ferroviarios del Chaco S.A. (SEFECHA). La decisión, fundamentada en que la sociedad ya no cumple con el objeto social para el cual fue creada, implica una millonaria erogación fiscal para cubrir los pasivos acumulados durante años de inactividad operativa.
La disolución fue formalmente decidida por el Accionista Mayoritario en una asamblea celebrada el 8 de noviembre de 2024. Según los considerandos de la norma, el declive de la estructura societaria se remonta a febrero de 2010, cuando la provincia y la Nación firmaron el convenio para transferir los servicios de transporte ferroviario de pasajeros a la jurisdicción federal.
Desde que la Nación tomó posesión efectiva del servicio en mayo de 2010, SEFECHA dejó de operar por cuenta propia, y la provincia se limitó a realizar aportes constantes para sostener obligaciones judiciales, administrativas y laborales de una cáscara societaria que ya no prestaba servicios.
Una deuda de 848 millones
Para concretar la liquidación, el Gobernador decretó un Aporte No Reintegrable de $848.214.465,90. Estos fondos, gestionados a través del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, tienen como destino principal el pago de indemnizaciones y la cancelación de deudas con organismos públicos y proveedores privados.
Según el detalle de los anexos que acompañan la medida, la composición de la deuda al mes de marzo de 2026 es la siguiente:
– Pasivos Laborales: Se estiman en más de $263 millones, que incluyen la liquidación final del personal de planta y haberes proporcionales.
– Deudas Impositivas y Previsionales: Representan uno de los mayores pesos financieros. Entre moratorias vigentes con ARCA (ex AFIP) y aportes de seguridad social, la suma supera los $340 millones. Además, se registran deudas con el INSSSEP por más de $50 millones acumuladas desde 2020.
– Causas Judiciales: La empresa enfrenta compromisos por litigios judiciales que ascienden a $119 millones.
Proveedores Comerciales: La lista incluye facturas impagas a empresas estatales como SECHEEP (más de $3,4 millones) y SAMEEP, además de servicios de telefonía y proveedores privados.
Para llevar adelante esta etapa final, el Estado provincial designará liquidadores y mantendrá un “plantel mínimo de personal capacitado” encargado de los trámites administrativos y contables necesarios para el cese total de actividades. El Ministerio de Infraestructura será el organismo responsable de auditar las rendiciones mensuales de los fondos transferidos, asegurando que cada peso se destine exclusivamente a la cancelación de los pasivos detallados en el instrumento legal. Con esta medida, el Chaco busca regularizar una situación administrativa que se encontraba en un “limbo” jurídico desde hace más de una década.