El oficialismo apuesta a una sesión el próximo miércoles para tratar los pliegos judiciales, el paquete de inviolabilidad de la propiedad privada y el acuerdo por US$171 millones con dos fondos con sentencia firme por el default de 2001.
El Gobierno nacional ordena sus prioridades parlamentarias y apuesta a los gobernadores dialoguistas para sostener la agenda de reformas durante los próximos meses. El Ejecutivo trabaja en reactivar la actividad del Congreso con una sesión prevista en el Senado para el miércoles 4 de junio, en la que buscará avanzar con los pliegos judiciales, el paquete de inviolabilidad de la propiedad privada y el acuerdo con holdouts pendientes del default de 2001, por un total de US$171 millones a dos fondos con sentencia firme.
La definición salió de una reunión de la mesa política realizada el martes en la Casa Rosada, en la que volvieron a verse cara a cara Santiago Caputo y Martín Menem tras la última polémica interna del oficialismo. En Balcarce 50 aseguran que el encuentro estuvo concentrado en el estado parlamentario de las reformas y no en las diferencias internas. La intención del Gobierno es mostrar la sesión como una señal de orden político después de los días de tensión.
El sostén para avanzar volverá a ser el esquema de alianzas construido con mandatarios provinciales, en especial del Norte, sumado al PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. Entre los gobernadores con los que el oficialismo sostiene entendimientos figuran Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Claudio Poggi, con los que ya destrabó proyectos como Zonas Frías, Ley Hojarasca, Glaciares y la reforma laboral. En el Ejecutivo no descartan ampliar esa red a otros distritos antes del inicio del año electoral.
La agenda inmediata combina el paquete de propiedad privada con el cierre del expediente por los holdouts, que el Gobierno presentará como una señal de protección jurídica para inversiones, tierras y activos productivos. El acuerdo con los fondos se enviaría rápido a Diputados. En paralelo, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes —pedido por Estados Unidos y con dictamen en la Cámara baja— sigue sin fecha cerrada de tratamiento, aunque algunos sectores especulan con un eventual debate en la segunda semana de junio.
Para junio, la Casa Rosada también prepara el avance de cuatro iniciativas más: el Súper RIGI, la ley de lobby, la regulación de la ludopatía y la derogación del etiquetado frontal. El Súper RIGI es la apuesta económica más crea un régimen para grandes inversiones con un piso de US$1000 millones por proyecto, beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y de seguridad social, y exige adhesión provincial y municipal para acceder a los incentivos nacionales, un punto que abrirá una negociación directa con cada provincia, incluido Chaco. La reforma alimentaria, en cambio, propone derogar la ley 27.642 y eliminar los octógonos negros de los envases.
La reforma electoral corre por otro carril y es la discusión que la Casa Rosada admite como más compleja. En el Ejecutivo la mantienen como prioridad política pero reconocen que todavía no tienen los votos para aprobarla sin fuertes concesiones. Por su parte, la reforma del Código Penal sigue trabada en Legal y Técnica por diferencias entre los equipos de Santiago Caputo y Juan Bautista Mahiques, y por ahora quedó fuera del calendario inmediato. El cronograma tiene además un límite en septiembre, el Gobierno deberá remitir el Presupuesto 2027.