Del hogar de Sáenz Peña a la cocaína robada en Colonia Benítez. Del cabo que mató a su padre y a su expareja en Puerto Vilelas, a la dealer enferma de cáncer en un barrio de Quitilipi. Una misma sustancia, una misma trama y un mismo abandono.
La caída del hogar “Regreso al Padre”, en el barrio Puerta del Sol de Sáenz Peña, dejó la imagen más cruda de las últimas semanas en el tres responsables detenidos, testimonios de ex internos que hablan de abuso sexual, castigos físicos, trabajo forzado, alimentación insuficiente y aislamiento familiar, y una pregunta que sobrevuela la causa y que conviene contestar con honestidad. ¿Cómo llegamos hasta acá? Y, sobre todo, ¿qué hacemos con todo lo que el caso destapa, que va mucho más allá del predio de Mariápolis?
Antes que nada, una distinción que no es menor. Los tres acusados —el resistenciano Rogelio Gatti y los otros dos directivos, uno de ellos de nacionalidad mexicana— se presentaron ante la Diócesis San Roque como una asociación civil para acceder al predio donde después funcionó el lugar. Ese dato cambia el ángulo del debate. La Diócesis no abrió un centro: autorizó el uso de un terreno a una entidad que dijo ser otra cosa. Es la misma maniobra que se repite en muchas partes del país y que confunde a la opinión pública: alguien levanta un cartel, arma una página, dice ser “pastoral de adicciones” y empieza a recibir chicos.
Por eso el primer error sería el más fácil: usar el caso para meter en la misma bolsa a todas las pastorales y centros que sí trabajan bien (incluídos algunos cultos evangélicos). En el propio Chaco hay ejemplos. “La Casita R”, en Villa Don Alberto, viene haciendo desde hace casi cuatro años un trabajo sostenido a pulmón, con tres casas-etapa y equipos voluntarios, hasta el punto de que el Rotary Club les entregó la Orden del Quebracho. Esos lugares no aparecen en los titulares porque no son escándalo. Pero existen, y son la inmensa mayoría.
Ahora bien, lo que el caso pone arriba de la mesa es el desigual acceso al tratamiento. Quien tiene plata, va a un centro terapéutico de calidad, con profesionales, supervisión médica y legal, controles, derivaciones. La gente humilde y marginal —que no es poca— tiene un mapa mucho más corto.Termina donde puede. Y donde puede, muchas veces, no hay nadie controlando si los chicos comen, si se medican, si los obligan a hachar leña al sol seis horas como castigo o si les piden favores sexuales a cambio de un sándwich, como contaron los propios ex internos. Lo de Sáenz Peña no es un es el síntoma de un sistema que dejó a los más pobres a la deriva.
Y todo esto pasa porque detrás siempre aparece la misma sustancia. Cuando un cabo primero como Luciano Etudie llega a la casa de su padre, lo mata, agarra el auto, secuestra a su expareja Graciela Mabel López y a su nene de cinco años y termina la jornada con un femicidio en el paraje Tres Bocas, no se está hablando solo de violencia de género o de un policía se está hablando, también, de consumo. Cuando siete efectivos de la Dirección de Consumos Problemáticos y Antinarcóticos son detenidos por robar nueve kilos de cocaína durante un operativo oficial de incineración en Colonia Benítez, no es un caso de corrupción es la prueba de que el negocio entró hasta dentro de los uniformados y elllos son justamente los que deberían combatirlo.
Solo en los últimos 2 años se suman más de quince episodios asociados con drogas en la fuerza policial chaqueña comandada por el Comisario Fernando Romero —desde el agente que abre fuego borracho y drogado contra una comisaría en Colonias Unidas hasta los dos efectivos filmados inhalando cocaína en un basural cerca del aeropuerto— y todos esos episodios tienen, en mayor o menor medida, el mismo común denominador.
A pie de calle, la película es aún bollitos de cocaína de $ 1.000 reducidas con vidrio molido, con “tafirol”, con “alikal”… consumidas en plena calle por algunos falsos cuidadores de autos. Distribuidores mayoristas que fraccionan dentro del barrio, en operativos de venta minorista cada vez más sofisticados. El llamado “chasky boom” en un barrio de Quitilipi, montado en torno a una mujer dealer enferma de cáncer, no es una anécdota es la fotografía de un país en el que el narcomenudeo recluta enfermos terminales para llegar al consumidor. Lo decían ya en 2025 las pastorales de Adicciones y Social de la Conferencia Episcopal Argentina, en un comunicado que pocos “El narcotráfico no para de crecer”y avanza por una “despenalización de hecho” mientras “el Estado se va retirando de nuestros espacios más pobres”. El diagnóstico, hoy, le calza al Chaco como un guante.
Conviene recordarlo porque suele la Iglesia ya había avisado. Lo hizo desde Aparecida en 2007 y lo repitió varias veces en los últimos años, con palabras casi proféticas: “El problema de la droga es como una mancha de aceite que invade todo. No reconoce fronteras geográficas ni humanas”. La queja eclesial nunca fue moralista —no se trata de pedir cárceles— sino política: falta presencia del Estado, faltan equipos, faltan presupuestos y faltan coraje y decisión.
En todo ese vacío crecen dos cosas a la las redes criminales y los oportunistas que se hacen pasar por pastoral. Las dos son hijas del mismo padre ausente que debiese ser todo el Estado, no solo el poder ejecutivo; porque es imposible no preguntarse ¿dónde esta el Poder Judicial? ¿Cuándo sus encumbradas “señorías” se dignarán a bajar al llano y ver lo que aqueja a la sociedad, a esa gente humilde y sufriente que también es quien les paga los sueldos y justifica su razón de ser.
Por eso, cuando del Obispado de Sáenz Peña salió la confirmación de que “Regreso al Padre” estaba autorizado a funcionar en ese predio, la respuesta no puede ser “investiguen a la diócesis”. La respuesta tiene que ser otra. ¿Quién controla, en el Chaco, a las asociaciones civiles que trabajan con personas en consumo? ¿Qué registro provincial existe? ¿Qué inspecciones? ¿Qué protocolos sanitarios? ¿Qué seguimiento judicial sobre los chicos derivados por la propia Justicia? Si las respuestas a esas preguntas son tan flojas como parecen, el problema es mucho más grande que tres detenidos en un barrio de Sáenz Peña.
Lo que pasó en “Regreso al Padre” debe terminar con condenas firmes para sus responsables. Pero si todo el debate se agota ahí, el próximo titular ya está escrito. Porque la droga es hoy, el elemento común que aparece atrás del centro trucho que se queda con la plata de las familias desesperadas, de los femicidas, del policía narco, del violento de comisaría en el caso “Axel”, del padre que mata, del dealer de barrio y hasta de los “trapitos” que asaltan impunemente sobre la Sarmiento o chantajean por dinero a un adolescente, como el caso de Nicolás Ivancovich aparecido en las últimas horas.
Cambiar eso requiere algo más que indignación: requiere decidir, de una vez, que el problema es de todos y no solo de la Iglesia que capaz es la única que viene alertando y haciendo lo que nadie quiso hacer. “No me Se mantienen con la plata de los pobres. Eso solo sirve para mantener algunos pocos. Tranzan, venden. Y es solo una figurita el que esté de…” DIXIT del Sr. Cobranza. !