El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, explicó que el DNU 366/2025 autoriza a las instituciones estatales a establecer aranceles para estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente en la Argentina.
El Gobierno nacional ratificó que las universidades públicas están autorizadas a cobrarles a los estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente en la Argentina. La aclaración fue realizada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien recordó que la medida se encuentra vigente desde el 28 de mayo de 2025, a partir de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025.
La normativa modificó la Ley de Educación Superior y estableció que los estudios de grado en instituciones estatales continuarán siendo gratuitos para ciudadanos argentinos y extranjeros con residencia permanente. Para esos grupos queda prohibido aplicar impuestos, tasas, tarifas o aranceles directos e indirectos vinculados con la formación universitaria.
En cambio, las casas de estudio podrán fijar retribuciones para los extranjeros que no estén incluidos dentro del régimen de gratuidad. La disposición no establece un cobro obligatorio ni un monto uniforme, sino que habilita a cada universidad, en el marco de su autonomía, a definir si aplicará aranceles, bajo qué condiciones y con qué mecanismos administrativos.
El decreto también contempla que los extranjeros sin residencia permanente puedan acceder a becas previstas en los estatutos universitarios o en convenios celebrados con otros Estados y organismos públicos o privados. La ratificación se produjo en medio de una discusión impulsada por sectores libertarios sobre el financiamiento de la educación pública y el acceso de extranjeros a servicios estatales, un debate que volvió a tomar fuerza durante la campaña de publicaciones antiargentinas difundida en redes sociales.