El sector de la salud busca una revisión urgente y un ajuste inmediato de los aranceles para asegurar la continuidad y calidad de los servicios prestados a la comunidad.
La Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) ha lanzado una alerta sobre la situación crítica que enfrenta el sistema de salud privado, destacando “20 años de lento y continuo deterioro”. La entidad exige un ajuste inmediato en los aranceles de servicios para evitar una reducción de servicios y reprogramación debido a la creciente crisis económica y la inflación.
En un comunicado, la FAPS expresó su preocupación por el congelamiento de los aranceles en 2020 y las devaluaciones sucesivas, que han afectado significativamente a las instituciones de salud. La escalada inflacionaria de los últimos 90 días ha exacerbado aún más la situación, generando un incremento en los gastos y costos que resultan insostenibles para un sistema ya agotado. La federación advierte que están al borde del colapso y la parálisis.
Este llamado se produce en un momento de desregulación impulsada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei y los recientes aumentos en las prepagas. La FAPS, que representa a ocho cámaras del sector, busca alinearse con la realidad económica actual para garantizar la estabilidad financiera de las instituciones de salud y la calidad de los servicios en medio de desafíos económicos significativos.
Marcelo Kaufman, presidente de la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Cedim), advirtió que los prestadores están hasta un 70-80% atrasados en los honorarios que perciben. Mencionó que están dialogando con todos los actores del sistema para buscar soluciones, pero la situación actual es insostenible. Además, aclaró que existen copagos en planes de medicina prepaga hechos a medida, pero también señaló que hay copagos en consultorios médicos que no están permitidos y deben abordarse adecuadamente.
Ante esta situación, el sector de la salud busca una revisión urgente y un ajuste inmediato de los aranceles para asegurar la continuidad y calidad de los servicios prestados a la comunidad.