Los abogados de las exvicepresidenta consideran que aún deben realizarse medidas y profundizar la investigación contra integrantes de la agrupación.
Cristina Kirchner pidió profundizar la investigación a la agrupación Revolución Federal, reclamó la indagatoria de tres integrantes de la familia Caputo y que se ordenen medidas de seguridad a víctimas de esa organización de ultraderecha, sobre todo porque uno de sus integrantes estuvo como invitado en un debate dentro del Congreso. Pedido para que se les prohíba acercarse al domicilio de la exvicepresidenta.
En una presentación judicial firmada por sus abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, los abogados consideran que aún deben realizarse medidas y profundizar la investigación contra integrantes de Revolución Federal antes de enviar el caso a juicio oral.
El caso se investigó de manera separada al del atentado contra la exmandataria a pesar de la conexión entre ambos expedientes, señalada por los letrados y hasta por el propio juez de la causa Revolución Federal.
Los abogados remarcaron que aún hay “puntos oscuros y sin justificar de la operatoria de Caputo Hermanos con Jonathan Morel”, uno de los acusados de la agrupación, dueño de una carpintería que fue contratada por una de las integrantes de la familia Caputo para la realización de muebles.
Pedidos de indagatoria en la causa Revolución Federal
En el escrito se consignó que “es hora de que Rosana Caputo y, luego, Flavio Caputo y Jimena Caputo sean citados a prestar declaración indagatoria”.
En el expediente, Flavio Caputo adujo que el vínculo entre Caputo Hermanos S.A. y Jonathan Morel surgió cuando Rosana Caputo identificó la carpintería de Morel, en la zona del Tren de Boulogne, y le encargó muebles (barras de bar, unas mesas bajas y una mesa ratona) para el barrio Santa Clara al Sur.
Morel dio una versión similar, ya que dijo que Rosana Caputo había entrado en su carpintería en diciembre de 2021 y le había pedido los muebles de Santa Clara al Sur.
Para los abogados, sobre este primer momento de la relación, ni Caputo ni Morel fueron capaces de explicar cómo Rosana Caputo había identificado la carpintería de Morel, que no era para nada conocida, ni por qué había entrado a dicho establecimiento, totalmente ignoto, a solicitar muebles para un barrio cerrado de lujo.
Los abogados de la exvicepresidenta consideraron que “es necesario conocer si Flavio, Jimena y Rosana Caputo pueden explicar sus operaciones con Jonathan Morel, así como por qué se interrumpieron luego de la disolución de Revolución Federal”.
En cuanto a posibles financiamientos a Revolución Federal, “tampoco se ha explicado de dónde surgieron los 50.000 dólares que fueron encontrados en la casa del padre de Sosa y que no tienen justificación alguna”
Por otra parte, los abogados resaltaron que resta dilucidar con claridad que hacían otros dos integrantes de la agrupación, Sosa y Guerra en las inmediaciones de Juncal y Uruguay tres días antes del atentado a Cristina Fernández de Kirchner.
También “qué llevó a Morel a explicar cómo matarla, también en la semana previa al ataque. Que no se haya encontrado llamadas o mensajes entre los dirigentes de Revolución Federal, por un lado, y los imputados en la causa 2998/2022”, que es la del atentado.
“Está acreditado que Brenda Uliarte (acusada en la causa del atentado) fue a marchas de Revolución Federal, así como que existen personas que conocían tanto a Uliarte y Sabag Montiel (el que apretó el gatillo de la bala que no salió) como a miembros de Revolución Federal”.
Tampoco está claro por qué Sosa sacó un seguro por robo de efectivo en retiro por cajeros un día antes del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner cuando estaba en plena relación con la vecina de la ex Presidenta. “¿Acaso Sosa previó que quizás debería huir y sacar dinero para ello, y quiso asegurarse por si le robaban? No se sabe, pero la fecha es sospechosa y amerita investigar”, exigieron los abogados.
“Por todo esto, es necesario continuar con la investigación. Un primer paso, dilatado por meses, es convocar a Rosana Caputo y, luego, a Flavio y a Jimena Caputo, a prestar declaración indagatoria”, reclamaron los letrados.
Reclamo de garantía de seguridad por la causa Revolución Federal
Además de profundizar la investigación, la presentación remarca que “es importante que las autoridades a cargo garanticen la seguridad de las víctimas del amedrentamiento, las amenazas y las actividades de Revolución Federal en general”.
Recordaron los letrados que durante el tratamiento de la conocida como “Ley Ómnibus”, Leonardo Sosa estuvo presente en el Congreso de la Nación; más precisamente, en el tercer piso del edificio de la cámara baja. Allí no sólo se encuentran los palcos que asoman a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación; en el tercer piso también están los despachos de varios diputados, entre ellos el de Máximo Kirchner.
Durante su presencia en la Cámara de Diputados, Sosa realizó posteos hostiles en la red social X: en uno de ellos, se observa una fotografía del diputado Máximo Kirchner.
Luego se difundió que Sosa había sido invitado al Congreso de la Nación por Lilia Lemoine, diputada por La Libertad Avanza. La invitación por parte de Lemoine nunca fue informada por las vías institucionales correspondientes, sino que trascendió a través de los medios de comunicación al cierre de la sesión.
Lemoine fue consultada por los medios y negó las versiones diciendo desconocer el asunto. De hecho, negó ser la responsable de la presencia de Sosa. Ante esta situación, el propio Sosa publicó un video en sus redes sociales en el que desmintió a la diputada, según resume la presentación judicial.
“Debe prohibirse a los imputados acercarse a menos de 200 metros del Congreso de la Nación, del Instituto Patria y del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, al tiempo que deben rastrearse sus movimientos mediante dispositivos electrónicos”, consigna la presentación.