La entidad nacional que nuclea a la Magistratura y la Función Judicial se reunió en asamblea extraordinaria y manifestó su preocupación por el restablecimiento de la garantía constitucional a partir del fallo Alonso de Martina.
La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial se conformó en Asamblea Extraordinaria el pasado viernes en CABA y tras debate con representantes chaqueños y de varias provincias, instaron a las autoridades locales a restablecer la garantía constitucional de intangibilidad respecto a las remuneraciones de magistrados a través del pago de la media nacional.
La Junta de Gobierno de la entidad se refirió así a la sentencia firme en la causa Alonso de Martina, cuya ley vigente es la 3.424-A. En un comunicado firmado por las máximas autoridades de la Federación, destacaron la actual vigencia de incompatibilidades en las actividades remunerativas a los integrantes del Poder Judicial.
“La situación es todavía más grave cuando se comprueba que además de una mora de hasta 14 meses en la percepción del primer haber jubilatorio, esos haberes no reciben actualización en el contexto inflacionario por todos conocidos. La actualización de los haberes debe guardar relación con las remuneraciones de los activos, y ser efectivizada de modo tal que no implique una pérdida significativa del valor adquisitivo de las prestaciones previsionales”, sentenciaron.
Por otra parte, la FAM también destacó que la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados ha sido reconocida internacionalmente como parte de los principios que sostienen a la independencia judicial, y que por ello “afectarla socava el equilibrio institucional y deteriora insalvablemente la calidad de la respuesta del sistema de justicia”.
“Instamos a las autoridades de la provincia del Chaco al inmediato restablecimiento de la garantía constitucional de intangibilidad de las remuneraciones de magistrados y magistradas, a través del pago de la media nacional, conforme sentencia firme en causa Alonso de Martina y ley vigente 3424-A”, afirmaron entonces.
La FAM también se hizo eco de dificultades que atraviesan otras provincias, y en el punto 5 del comunicado reconocieron que la ciudadanía les exige cambios estructurales en el servicio de justicia, para lo cual consideraron necesario evaluar “en primer lugar, cuál es la proporción de crecimiento de la población y de la litigiosidad, en relación a la cantidad de magistrados”.
“La experiencia nos dice que mientras las primeras crecieron exponencialmente, se mantiene el mismo número de jueces, fiscales y defensores desde hace varias décadas”, señalaron.
En este sentido, hicieron hincapié en las dificultades con el trámite previsional en ANSES, y que afectaría a 11 jurisdicciones “que tienen sus cajas previsionales transferidas y les es aplicable el régimen de la Ley 24.018 y sus modificatorias”.